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BUENOS AIRES | La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados discute en comisión proyectos vinculados a los derechos de exportación, un paso clave para encauzar el debate sobre la política impositiva para la actividad productiva en el ámbito legislativo. La reunión marca un hito en la búsqueda de reglas claras y previsibles para la agrobioindustria , motor clave de la economía argentina.
Durante décadas, las retenciones han sido modificadas por decreto, respondiendo a urgencias fiscales. Esta falta de previsibilidad impacta no sólo en la inversión y la producción, sino también en la confianza de una actividad que genera empleo y valor agregado, como así también, en el desarrollo de cada una de las localidades de este país federal.
La Constitución Nacional establece que los impuestos, incluidos los derechos de exportación, deben ser regulados por ley. En este sentido, el Congreso tiene la responsabilidad de diseñar una política tributaria de largo plazo que brinde certidumbre y fomente la competitividad.
El debate que se abre en Diputados es una oportunidad histórica para avanzar hacia un esquema tributario basado en consensos y estabilidad. No se trata solo de la reducción de retenciones, sino de garantizar que cualquier modificación en materia aduanera se realice por ley y no mediante decretos.
Los países que han consolidado su desarrollo lo hicieron con acuerdos sólidos que permitieron planificar inversiones garantizando el crecimiento. En Argentina, en cambio, las medidas impositivas transitorias se han convertido en la norma, limitando la capacidad de expansión de las actividades productivas.
En Brasil, el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) ha demostrado que, con una institucionalidad fuerte y consensos políticos, es posible sostener políticas agroindustriales de largo plazo sin depender de los vaivenes electorales. Debemos avanzar en ese camino: fortaleciendo el Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA) para alcanzar previsibilidad con reglas de juego claras.
El desafío es dejar atrás los parches fiscales transitorios y construir un modelo de crecimiento sostenible, basado en leyes consensuadas y duraderas. El Congreso tiene la oportunidad de dar el primer paso marcando un cambio estructural en la política agroindustrial del país.
