Realicó firmó con el ministro Diego Álvarez el acuerdo para implementar el Índice de Vulnerabilidad Social

REALICÓ | Acompañado por el equipo técnico de la Secretaría de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, Álvarez encabezó una reunión de trabajo en la sede municipal, donde se detallaron los alcances del acuerdo y se coordinaron las tareas que implicará su implementación.

“La idea es que esta medición no solo nos arroje un número, sino que se convierta en un insumo concreto para ajustar las políticas públicas tanto a nivel local como provincial”, explicó el ministro. Además, destacó que Realicó era una de las localidades de la provincia que aún no contaba con esta herramienta, lo que motivó la inclusión en la nueva etapa del programa.

Cómo se implementará el índice
El Índice de Vulnerabilidad Social se construye a partir de una serie de encuestas presenciales en domicilios seleccionados aleatoriamente a través del sistema Pilquén, que centraliza la información social de los municipios. Estas encuestas recogen datos declarados por los propios núcleos familiares, los cuales se complementan con información disponible en las bases provinciales, nacionales y municipales sobre transferencias de recursos económicos.

“Desde la tarjeta social, el RAFE, asignaciones familiares, pensiones, la AUH, la tarjeta Alimentar, subsidios provinciales o municipales, hasta ingresos por trabajo en el sector público o privado: todo se cruza para conocer de manera objetiva la capacidad de un hogar para acceder a la canasta básica alimentaria”, detalló Álvarez. A partir de esa información se clasifica a los hogares según su nivel de vulnerabilidad.

El ministro junto al intendente Sola explicando los alcances del acuerdo

Radiografía de una situación crítica
Durante el encuentro, el funcionario provincial también se refirió a la situación social actual en Realicó, que, según reconoció, refleja una realidad transversal a toda la provincia. “La situación alimentaria está contenida con programas provinciales y el acompañamiento municipal, pero lo más grave hoy pasa por los alquileres y los servicios”, indicó.

Álvarez advirtió que la falta de una política habitacional nacional y la paralización de la obra pública impactan directamente en el aumento de los valores locativos, mientras que los tarifazos en luz y gas afectan más intensamente a los sectores vulnerables, donde la eficiencia energética es menor. “Hoy un alquiler puede rondar los 300 o 400 mil pesos, y las boletas de luz llegan a 60 o 70 mil. Esto hace que la asistencia ya no resuelva de fondo, sino que apenas acompañe”, lamentó.

Problemática juvenil: abordaje integral
Consultado por la situación de conflictividad juvenil que atraviesa Realicó —con algunos casos recientes de violencia e inseguridad protagonizados por adolescentes—, Álvarez reconoció que la provincia está al tanto y que se vienen realizando acciones conjuntas con distintas áreas, como el Ministerio de Seguridad, Salud, Niñez y la Defensoría.

“Sabemos que no son muchos casos, pero son graves y hay que atenderlos. Ya se han hecho varias intervenciones, pero también hablamos con el intendente de retomar programas comunitarios, trabajar más preventivamente, intervenir antes de que los problemas escalen”, explicó.

El ministro enfatizó que, si bien no existe una “receta mágica”, hay una presencia estatal permanente y una estrategia gradual, que incluye contención, acompañamiento y, cuando es necesario, decisiones más drásticas.

¿Es posible una internación involuntaria?
Respecto a los casos extremos en los que la respuesta voluntaria no da resultados, Álvarez explicó que las internaciones involuntarias están previstas por la Ley Nacional de Salud Mental, pero que requieren una evaluación técnica y profesional por parte de equipos interdisciplinarios. “No es una decisión política ni administrativa, sino sanitaria. Pero sí hemos tenido antecedentes en otras localidades, cuando el abordaje gradual no es suficiente”, señaló.

Un paso hacia políticas públicas basadas en evidencia
Con la firma del convenio, Realicó se suma a la red de localidades pampeanas que avanzan en la generación de datos propios para diseñar y adaptar sus políticas sociales con mayor precisión. Tanto el municipio como el gobierno provincial coincidieron en la necesidad de contar con diagnósticos certeros para responder a las demandas más urgentes de la población y planificar acciones que tengan impacto real y sostenido.