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BUENOS AIRES | Con este rechazo, la Corte no solo ratifica la continuidad de la causa sino que impone además un depósito económico obligatorio a los recurrentes, bajo apercibimiento de ejecución.
La investigación penal, que desde 2017 está en manos del juez federal Ariel Lijo, apunta a determinar responsabilidades en el acuerdo celebrado durante el gobierno de Macri entre el Estado y Correo Argentino S.A., controlada por SOCMA. La operación fue denunciada por la fiscal Gabriela Boquin como "ruinosa" y "abusiva", dado que preveía la condonación del 98,87% de la deuda que la empresa mantenía con el Estado Nacional.
El fallo de la Corte surge en un contexto de fuerte tensión judicial, a días de haberse ratificado la condena a seis años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad. La decisión de avanzar con el expediente del Correo no pasa desapercibida: implica que también el universo Macri vuelve al foco de la agenda judicial y política.
El recurso rechazado apuntaba a recusar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, con el argumento de que ambos mantenían una "enemistad manifiesta" hacia Mauricio Macri y, por ende, hacia sus defendidos. Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Sala IV de Casación Penal rechazaron esa recusación, y ahora la Corte Suprema reafirmó que no se trataba de una sentencia definitiva ni equiparable a tal.
El juez Javier Carbajo fue claro al descartar la posibilidad de parcialidad: “La defensa no ha conseguido demostrar que se encuentre objetivamente sustentado el temor denunciado”.
La causa, además de los dos directivos imputados, también involucra al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al ex titular de Asuntos Jurídicos del mismo ministerio, Juan Manuel Mocoroa. El acuerdo firmado durante la gestión Cambiemos buscaba saldar la deuda del Correo mediante condiciones ampliamente favorables para la empresa. La intervención de la fiscal Boquin frenó ese intento tras denunciar que el Estado resignaba el cobro de una cifra millonaria.
La resolución de la Corte, al ordenar el depósito económico y confirmar la validez de las decisiones judiciales previas, refuerza la continuidad de la causa. De este modo, el Grupo Macri y los funcionarios implicados seguirán bajo la lupa judicial, en una causa que vuelve a encender la disputa entre el poder político y los tribunales.
