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USA | La magistrada había ordenado la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal como parte del fallo en favor de los fondos Burford y Eton Park, en el marco del millonario juicio que exige al país una indemnización de 16.100 millones de dólares. Actualmente, la Cámara de Apelaciones de Nueva York mantiene una suspensión momentánea del fallo, y es ante ese tribunal que se presentará el documento del Departamento de Justicia norteamericano.
La administración de Trump busca que esa suspensión se extienda por todo el tiempo que dure la apelación de fondo, una medida que permitiría al Estado argentino evitar desprenderse de acciones estratégicas mientras se revisa el fallo en instancias superiores.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, explicó que un amicus representa un apoyo jurídico que incorpora argumentos adicionales al caso, con la intención de persuadir a los jueces. En este caso, el planteo de Washington refuerza la idea de que entregar las acciones de YPF afecta la soberanía argentina y representa un precedente peligroso en términos de inmunidad estatal.
Maril aclaró que este respaldo no abarca el fallo central que fijó la indemnización por la expropiación, ya que los plazos para apelar vencieron en septiembre de 2024. No obstante, subrayó que la entrega de las acciones tiene mayor relevancia institucional y soberana, incluso desde la óptica del propio gobierno estadounidense.
El antecedente más cercano de una acción similar fue durante la administración de Joe Biden, cuando también se presentó un amicus ante el mismo tribunal para rechazar la intención de los fondos demandantes de tomar control de activos de YPF. En aquella ocasión, el Departamento de Justicia sostuvo que esa medida violaba las normas de inmunidad soberana. Sin embargo, Preska desestimó ese argumento y falló en contra de la Argentina.
Ahora, con el nuevo respaldo legal impulsado desde Washington, la gestión de Javier Milei gana una herramienta clave para intentar frenar los efectos inmediatos de un fallo adverso y ganar tiempo en la apelación de fondo. Se trata de una jugada que no resuelve el conflicto, pero que refuerza el andamiaje diplomático y judicial del país en una de las batallas legales más importantes de su historia económica reciente.
