InfoTec 4.0
El proyecto impulsa una nueva redacción del artículo, que plantea que los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo deberán ser actualizados en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con la adición de una tasa de interés del 3% anual.
Además, se establece un criterio específico para los juicios laborales que se encuentren pendientes de sentencia definitiva y para aquellos que, habiendo sido resueltos, aún no hayan sido abonados. En esos casos, se aplicará el artículo 768 del Código Civil y Comercial, utilizando exclusivamente intereses moratorios ajustados a las tasas activas o pasivas que determine el Banco Central de la República Argentina (BCRA) según el período correspondiente.
Una de las claves del proyecto es que, en ningún caso, la actualización podrá superar el monto que resulte de aplicar al capital original la variación del IPC sumada a una tasa de interés pura del 3% anual, lo que pone un límite preciso a las actualizaciones.
Desde CAME destacaron que la iniciativa representa un paso positivo al establecer una norma de fondo que regule el sistema de intereses en materia laboral, permitiendo evitar decisiones judiciales dispares y dotando al sistema de mayor previsibilidad jurídica. La entidad considera que la fórmula propuesta resulta adecuada, especialmente en contextos de estabilidad económica.
El respaldo de CAME se enmarca en su histórica defensa de las pymes, sector que frecuentemente enfrenta dificultades para afrontar litigios prolongados con montos que pueden escalar considerablemente debido a criterios variables de actualización de créditos laborales. En ese sentido, señalaron que establecer reglas claras y razonables permite proteger derechos sin afectar la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas.
