El Gobernador de Córdoba se realizó el narcotest

A través de sus canales oficiales, Llaryora confirmó este miércoles la realización del narcotest, el examen de laboratorio diseñado para detectar el consumo de drogas psicotrópicas ilegales.

La medida, que fue impulsada por su propia gestión años atrás, establece este requisito como obligatorio para todos los integrantes de la planta política del Gobierno provincial.

El estudio consiste en un análisis clínico que busca trazas de metabolitos vinculados a sustancias prohibidas. Al respecto, el mandatario fue categórico sobre la importancia de esta política: "Quienes ejercemos responsabilidades de gobierno no podemos mantener ningún tipo de vínculo con estas sustancias", afirmó.

Para Llaryora, la realización del test no es solo un trámite administrativo, sino una señal hacia la sociedad en el marco de la lucha contra el crimen organizado. "Tenemos el deber ético e institucional de garantizar, con hechos, que no existe relación alguna con el consumo de drogas ilegales", sostuvo el gobernador.

El anuncio se inscribe en una estrategia de seguridad que busca blindar las estructuras del Estado frente al avance de las redes delictivas. En ese sentido, el titular del Ejecutivo cordobés reforzó su postura: "Este es un compromiso indeclinable que asumimos en todos los frentes: combatir con firmeza a quienes envenenan a nuestra sociedad".

Bajo la consigna de que "Córdoba es un territorio hostil para el narcotráfico", el mandatario cerró su mensaje asegurando que la provincia demuestra con acciones concretas su lucha contra este flagelo. La obligatoriedad del narcotest para funcionarios busca, precisamente, diferenciar la función pública de cualquier actividad vinculada al consumo o comercialización de estupefacientes.

Esta no es la primera vez que el titular del Ejecutivo cordobés se somete a este control. Ya en 2024, poco después de la reglamentación de la ley provincial, Llaryora había asistido al Hospital San Roque para cumplir con el trámite. La repetición del test responde a la periodicidad que exige la normativa y al objetivo de demostrar que el control es constante para toda la jerarquía estatal, incluyendo a ministros, legisladores y cúpulas policiales. (Diario Puntal)