El Instituto Provincial Autárquico de Vivienda recuperó tres viviendas sociales que no fueron habitadas o que no fueron pagadas por sus adjudicatarios.
Además, se inicia el proceso administrativo para licitar otras 300 y 500 para ambas ciudades, respectivamente.
A través del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), la provincia de La Pampa firmó una serie de convenios con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que permitirá avanzar con tres nuevos proyectos de urbanización en Santa Rosa, General Pico y Toay, por un total de 660 viviendas, en el marco del Plan Procrear II.
El gobernador Sergio Ziliotto detalló que las casas corresponden a los planes Mi Casa, al cupo del programa nacional Casa Propia de 894 unidades asignadas a la provincia, y a las que se construyan a través del PROCREAR nacional de gestión provincial, donde hay un fuerte aporte financiero nacional y una gran interacción a partir de la tierra y la infraestructura por parte de la provincia. Subrayó que “darán soluciones habitacionales, generarán actividad económica y crearán más de 4000 puestos de trabajo para pampeanas y pampeanos”.
El organismo gubernamental ahora podrá tomar posición de los inmuebles, y determinar un nuevo destino para solucionar la problemática habitacional de algunas familias pampeanas.
Esta mañana, en el Centro Cultural Municipal y encabezado por el gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto, tuvo lugar la licitación para la sistematización y construcción de 20 viviendas del Plan Mi Casa en la localidad de Eduardo Castex.
Ayer en un acto que cumplió con las medidas preventivas y de seguridad, autoridades del Gobierno provincial junto al presidente de la Comisión de Fomento, Carlos Ferrero, entregaron 4 viviendas del Plan Mi Casa a familias de la localidad.
Autoridades del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda y de la Municipalidad de General Pico se reunieron en el Edificio MEDANO para avanzar en importantes proyectos de soluciones habitacionales para la ciudad.
La estancia La Celma, ubicada en el Partido de Carlos Tejedor y escenario del secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu en 1970, se derrumbó este fin de semana. El sitio, declarado de Interés Municipal en 2004, nunca recibió la preservación patrimonial que se había proyectado.
La Dirección General de Defensa del Consumidor de La Pampa, dependiente del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales, aplicó multas que en conjunto superan los 4,7 millones de pesos a distintas empresas por infracciones a la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor. Las sanciones, publicadas en el Boletín Oficial, forman parte de una política de control más rigurosa impulsada por el organismo que encabeza Florencia Rabario.
Sucedió en plena competencia durante el último tramo del Rally de La Toma, en la provincia de San Luis. Su navegante, Pablo Micarelli, lucha por su vida con pronóstico reservado.
Un violento episodio ocurrido a plena luz del día en el barrio Alberdi de Río Cuarto volvió a estremecer a la ciudad. Un hombre de 31 años fue asesinado y una mujer resultó gravemente herida tras un tiroteo registrado frente a la escuela Nueva Argentina, justo cuando salían los alumnos del establecimiento.
Un incendio registrado durante la tarde de hoy generó alarma en plena Ruta Nacional 35, cuando una camioneta que transportaba piletas de fibra fue alcanzada por las llamas mientras circulaba en sentido norte–sur hacia Santa Rosa.
Un grave incidente policial se registró durante la madrugada de este lunes en la localidad de Rancul, cuando dos hombres mayores de edad agredieron a un efectivo policial de la Comisaría Departamental y en la reyerta le sustrajeron su arma reglamentaria.
El proyecto, que asciende a $2,335 billones, mantiene el equilibrio fiscal y no prevé tomar deuda. El Gobierno provincial advierte que la recesión y la falta de fondos nacionales limitarán la capacidad de inversión y desarrollo.
El Ministerio de Salud de La Pampa dispuso una actualización en el esquema de categorización de pacientes que se atienden en hospitales y centros de salud públicos. La medida, formalizada a través de la Resolución 2810/25 firmada por el ministro Mario Rubén Kohan, redefine los parámetros económicos que determinan qué personas deben abonar por medicamentos, tratamientos y estudios, según sus ingresos familiares, cobertura médica y lugar de residencia.
