El Poder Judicial firmó un acuerdo con el Banco de La Pampa
El Poder Judicial y el Banco de La Pampa firmaron hoy una adenda al convenio marco para tratamiento de cuentas de depósitos judiciales que rige desde 2012. De esta manera, todas las operaciones bancarias vinculadas a cuentas judiciales abiertas en los expedientes que se tramitan en los fueros civil y comercial; de minería; laboral; de ejecución, concursos y quiebras; de familia, niñas, niños y adolescentes; y contencioso administrativo, se efectuarán a través del Sistema Informático de Gestión de Expedientes (SIGE).
La firma del apéndice estuvo a cargo del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Fernández Mendía, y del titular del Banco de La Pampa, Alexis Gastón Iviglia. En el acto, desarrollado en el Salón de Acuerdos del STJ, estuvieron presentes además la ministra Elena Victoria Fresco; el director general de Administración, Diego Ezequiel Aguirre; y la subdirectora de Administración, Marcia Alexandra Catinari.
Hasta ahora algunas de las operaciones se efectuaban por intermedio del sistema de cuentas judiciales, implementado cuando hace nueve años se rubricó el citado convenio marco; y otras a través del SIGE. Ahora todas quedaron unificadas en este último sistema (libranzas, transferencias, movimientos, etc.).
Por eso el texto de la adenda habla de “efectuar operaciones de creación, consultas y generación de movimientos correspondientes a cuentas judiciales abiertas en el Banco de La Pampa”. Además, esta novedad abarca a los juzgados de los citados fueros de las cuatro circunscripciones judiciales en que está dividida la provincia, lo que permitirá agilizar sustancialmente los trámites bancarios que se tramiten en todos los procesos.
Más allá del interés de ambas partes en firmar la expansión del acuerdo original, vale remarcar que ello fue posible también porque el año pasado, en medio de la pandemia por el Covid-19, el Superior Tribunal –con personal propio de la Secretaría de Sistemas y Organización– terminó de darle forma al SIGE y así completar el proceso de digitalización tanto en el fuero penal como en el civil.
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