El juez de control piquense Heber Alcides Pregno firmó hoy la condena a Nicolás Gabriel Gómez Álvarez, según informó Prensa del Superior Tribunal de Justicia. Lo encontró coautor material y penalmente responsable del delito de estafa.

El magistrado dio por probado que el imputado, de 32 años, desapoderó a la empresa El Tatita S.A. de 619.200 pesos. “Lo hizo mediante la realización de una maniobra ardidosa, consistente en presentarse en la sucursal del Banco de la Nación Argentina de Quemú Quemú, el 30 de marzo de 2017″, dijo el juez. “Oportunidad en la que engañó al personal que lo atendió, alegando falsamente (de manera verbal y escrita) poseer una autorización de parte del presidente de la empresa para peticionar y obtener cinco talonarios de cheques (chequeras)”.

“Para fundar su petición engañosa” –agregó Pregno–, Gómez Alvarez presentó un documento conforme al cual el presidente de El Tatita S.A. y la empresa lo autorizaban a retirar dichas chequeras, “siendo ese instrumento privado, falso”, dado que ni el presidente, ni ningún otro integrante de la firma damnificada, lo había “autorizado a realizar operación bancaria alguna a nombre de esa persona jurídica ni de sus directivos, resultando falaz su contenido, la firma estampada en el mismo y la autorización contenida a su favor; por lo que con ese ardid logró obtener efectivamente cinco chequeras de esa cuenta bancaria, conteniendo 25 cheques de pago diferido cada una”.

Al día siguiente, 15 de esos cheques fueron cobrados en distintas sucursales del Banco Nación, ubicadas en ciudades de la zona del conurbano bonaerense, por un total de 619.200 pesos, sostuvo el juez. Parte de ese dinero fue percibido por el acusado –quien declaró como oficio que realizaba changas– y el resto por “otras personas” que actuaron en connivencia con él.

“Mediante dicha maniobra, Gómez Álvarez posibilitó la obtención de esa suma dineraria de la cuenta de la empresa El Tatita, sin ser autorizado en modo alguno por ella (causándole un perjuicio pecuniario); e involucrando asimismo al Banco de la Nación Argentina, dado que la cuenta estaba radicada en esa institución, lo que conlleva responsabilidades legales-patrimoniales para dicha institución en relación al titular de la cuenta”, acotó Pregno.

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