El Tribunal de Impugnación Penal confirmó una condena a 10 años de prisión, contra un hombre de 31 años, por ser autor del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser cometido contra un hermano, como delito continuado. La víctima fue una hermanastra de 14 años que sufre un retraso madurativo.
Provinciales06 de septiembre de 2019
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La resolución fue dictada por los jueces Federico Piombi y Pablo Tomás Balaguer, integrantes de la Sala A, quienes no hicieron lugar al recurso de impugnación que interpusiera el defensor oficial de General Pico, Walter Vaccaro. De este modo quedó ratificado, en un todo, el fallo del 22 de mayo pasado de la jueza de audiencia de esa ciudad, María José Gianinetto.
Ella había dado por probado que, cuando ambos estaban solos en la vivienda familiar, el victimario la llamaba para “hacer lo que él quiere” –según palabras textuales de la víctima–, en alusión a que la obligaba a mantener relaciones sexuales y que también la agarraba por la fuerza. La denuncia original fue promovida por una autoridad del colegio adonde concurre la menor, quien a su vez se había enterado de lo ocurrido por el relato de otra alumna. Los hechos se sucedieron hasta que la niña tuvo 16 años.
La defensa hizo dos cuestionamientos. Por un lado, no negó que la víctima hubiera tenido relaciones sexuales, pero sí puso en duda con quién –más allá que ella señalara a su hermanastro–, ya que “cuando se sometió a la revisión médica no se obtuvo ADN para cotejar y acreditar el autor de la agresión sexual”. E incluso afirmó que la víctima “tenía cuatro perfiles de la red social Facebook donde surgiría una relación con otra persona”. Sobre la pena, acotó que, en caso de confirmarse, no debería superar los ocho años.
Piombi, autor del primer voto, al que adhirió Balaguer, expresó que dichos agravios “no lograron demostrar que la fundamentación de la sentencia, construida sobre la prueba rendida en el debate, sea insuficiente, se encuentre viciada o alcance para impugnarla y declarar la absolución del imputado”.
El gobierno pampeano renovó su reclamo contra Mendoza por no garantizar el caudal mínimo del río Atuel, tal como ordenó la Corte en 2020. Denuncian inacción del máximo tribunal y advierten sobre un trasfondo político en el incumplimiento.
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