El juez de audiencia santarroseña, Gastón Boulenaz, condenó hoy a un padre a 16 años de prisión, por resultar autor de los delitos de los delitos de abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido por un ascendiente y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado en perjuicio de una hija; concursando realmente con el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y las circunstancias de realización, agravado por haber sido cometido por un ascendiente y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado y en perjuicio de otra hija.
Judiciales20 de noviembre de 2019
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Además encuadró esas conductas dentro de las leyes 25.087 de Delitos contra la integridad sexual y 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, le dictó la prisión preventiva hasta la finalización del proceso y ordenó su inmediata detención.
El magistrado, luego de la realización del juicio oral, dio por probado que el acusado –de 46 años y sin antecedentes penales– abusó sexualmente de una de sus hijas cuando tenía entre 6 y 7 años, y de la otra desde que tuvo 12 y hasta los 17. Hoy ellas tienen 18 y 23 años, respectivamente.
El fiscal Cristian Casais, durante los alegatos finales, había solicitado una pena de 18 años de prisión y, atento a la pena en expectativa, que se disponga la prisión preventiva. Para ello adujo que existía peligro de fuga ya que el padre tiene domicilio fuera de la provincia. Subsidiariamente había requerido, como medida alternativa, que se le colocara un dispositivo electrónico (una tobillera) y que fijara lugar de residencia en la Primera Circunscripción Judicial.
El querellante particular, Leandro Lobato, había pedido 19 años de prisión y adherido al resto de las peticiones del Ministerio Público Fiscal.
El defensor particular, Carlos Alberto Pérez Funes, sostuvo que la calificación legal debía ser otra y por eso planteó una pena de seis años de prisión. A su vez se opuso a la prisión preventiva, más allá de la sanción en expectativa, por considerar que el imputado se presentó en la Justicia cada vez que fue citado.
Para fijar la pena –podía ser de 8 a 30 años– Boulenaz valoró a favor del reo solamente su falta de antecedentes. En cambio tuvo en cuenta como agravantes las edades de las víctimas, quienes tempranamente y “en plena etapa de formación de su personalidad vieron vulneradas de manera grave, su integridad sexual”; “el grado de autodeterminación para cometer los delitos, toda vez que se trata de una persona adulta, socialmente incluida, con familia –esposa e hijos– y con trabajo estable”; la extensión del daño causado; y que las consecuencias de los hechos también afectaron la vida de relación de las jóvenes.
Finalmente, el magistrado, al fundar el dictado de la prisión preventiva, remarcó que con la pena de 16 años existe “un ostensible aumento del peligro cierto” de fuga, y consideró que “la medida coercitiva resulta razonable, proporcional y necesaria para asegurar los fines del proceso, ya que tiende a neutralizar ese peligro”.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa dictó una sentencia histórica al resolver, por primera vez de manera unipersonal, un recurso directo interpuesto por las empresas Ford Argentina S.C.A. y Plan Óvalo S.A para Fines Determinados, que habían sido multadas por la Dirección General de Defensa del Consumidor.
En un fallo que marca un precedente en la jurisprudencia civil, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa resolvió a favor de una mujer que, tras haber solicitado sumar el apellido de su padre biológico, ahora pedía revertir esa decisión. En un caso inédito, los jueces María Anahí Brarda y Guillermo Samuel Salas decidieron actuar de manera excepcional para dar marcha atrás con el pedido de la demandante, que había solicitado incorporar el apellido de su padre biológico a su nombre, pero luego se arrepintió
La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, en colaboración con jurados populares, dictó este miércoles una sentencia de máxima pena contra Rodrigo Espíndola, camionero y único acusado por el asesinato de Sofía Bravo, una joven de 26 años. El caso fue calificado como transfemicidio, convirtiéndose en la segunda condena en la provincia de Córdoba bajo esta figura penal desde su incorporación al Código Penal en 2012.
El juez de audiencia de General Acha, Raúl Miguez Martín (foto), condenó hoy a un hombre de 39 años a tres años de prisión en suspenso, por ser autor del delito de abuso sexual simple por tocamientos, contra una niña menor de 13 años; en el marco de las leyes nacionales 26485 de Protección Integral contras las Mujeres y 26061 de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La víctima fue su cuñada.
En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Brinkmann, Córdoba, el asesinato de Aralí Vivas, una niña de ocho años, revela un entorno de violencia y abandono familiar. El fiscal de instrucción, Oscar Gieco, brindó detalles estremecedores a la radio local Cadena 3 sobre la investigación, que apunta a que la menor habría sido golpeada y abandonada antes de que el incendio se usara como posible táctica para encubrir otro crimen.
La motociclista sufrió la fractura de tibia y peroné. Además, le quedaron secuelas por el choque. La imputada también quedó inhabilitada para conducir y deberá cumplir reglas de conducta.
Un choque por alcance en la Ruta Nacional 7 dejó como saldo la muerte de un joven, mientras el conductor del camión involucrado resultó ileso.
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Lionel Messi, protagonizó un insólito momento al detenerse en una estación de servicio para cargar combustible. El encuentro, inesperado y emocionante, dejó sin palabras al playero, quien no perdió la oportunidad de fotografiarse con el astro del fútbol.
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