Dirigentes de la Fundación Campo Limpio, que representa a 92 empresas productoras de fitosanitarios, se reunieron este viernes con el subsecretario de Ambiente de la Provincia, Fabián Tittarelli, para tratar de que se levante la prohibición de comercialización de agroquímicos en La Pampa. Le prometieron que en 10 días terminarán las obras de dos centros de acopios de bidones de agroquímicos y le pidieron que, una vez concluidas, el Gobierno levante inmediatamente la prohibición de la comercialización.
Provinciales31 de enero de 2020
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El encuentro se desarrolló en la mañana en la sede de Ambiente. La delegación de Campo Limpio estuvo encabezada por su director ejecutivo Ernesto Ambrosetti.
El dirigente dialogó con Diario Textual, único medio presente. "La verdad, nos sorprendió la decisión de la prohibición. Perjudica a todos, incluso al propio Estado. Fue una medida muy dura", dijo a este portal.
Ambrosetti dijo que el lunes recibieron de parte del Gobierno un listado con las obras que restan realizar en los centros de acopios que se pretenden habilitar en Alta Italia y Barón. "Calculamos que en 10 días estarán finalizadas, con lo que inmediatamente se va a poder operar y levantar la prohibición de comercialización. Tal vez en 10 o 15 días se levante la prohibición", dijo.
Además, ratificó que el otro centro acopiador de bidones pretenden instalarlo en Macachín. Para eso, están tratando de cerrar un acuerdo con la Cooperativa Agropecuaria Atreucó.
Incluso reveló que, además de los tres centros de acopio, la fundación pretende implementar un sistema de recolección itinerante a través de empresas operadoras. "Lo pensamos, por ejemplo, para Lonquimay e Intendente Alvear, entre otras localidades", dijo. Ese era otro de los reclamos del Gobierno provincial.
La Subsecretaría de Ambiente prohibió desde el miércoles 29, a través de una disposición, toda comercialización de agroquímicos en La Pampa.
Sin embargo, si el productor compra el producto en provincias vecinas, puede introducirlo -exhibiendo la documentación correspondiente- y aplicarlo en la provincia. Es decir, sólo se prohibió la comercialización, no el uso.
El Gobierno pampeano justificó la prohibición. Dijo que se adoptó porque la Fundación Cambio Limpio no cumplió con los requerimientos establecidos en la Ley Nacional N° 27.279, en la que se determina la construcción de los Centros de Acopios Transitorio de los envases y el sistema de trazabilidad de los bidones. Dos de esos centros, en Alta Italia y Barón, están aún en construcción. El restante, previsto en Macachín, aún no se inició: falta determinar el terreno.
Ayer, el gobernador Sergio Ziliotto culpó de la situación a Campo Limpio y las multinacionales. “Incumplían las multinacionales o incumplía La Pampa. Y nosotros cumplimos con todo. Ahora hay una amplia repercusión, sí. Pero nosotros tenemos que estar del lado de la salud. Nunca de los sectores concentrados con su falta de apego a las normativas. Por qué piden una prórroga que la misma ley no da”, dijo.
A su vez, dirigentes de las principales entidades del campo y de las cámaras de contratistas de maquinarias y de insumos agropecuarios de La Pampa advirtieron, en un documento en conjunto, que «la producción agrícola pampeana se encuentra en serio riesgo» de ser atacada por "plagas", como la isoca, frente a la prohibición de comercialización. El documento está firmado por la Cámara de Propietarios de Maquinarias (Caproma), la Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios (Cepia), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
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La Reserva Provincial Parque Luro tendrá acceso a agua potable por primera vez desde su creación. Esta obra clave impulsará el turismo, fortalecerá la conservación ambiental y mejorará la infraestructura del área.
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El Ministerio de Salud pampeano alertó sobre la escasez de dosis de vacunas esenciales del Calendario Nacional, como la triple viral y la antipoliomielítica. Acusan falta de organización y demoras en la distribución por parte del Gobierno nacional.
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Durante la sesión ordinaria de este jueves, el Concejo Deliberante de Realicó trató un despacho de la Comisión de Obras Públicas y Medio Ambiente, a partir de una nota presentada por vecinos que residen sobre calle Constitución, en la zona próxima al Colegio Parroquial. El municipio ya recibió pedidos similares de otros sectores, pero evalúa con cautela la instalación de reductores debido a su alto costo (alrededor de $1,5 millones por unidad) y a los inconvenientes que generan en el sistema de emergencias, además del daño que pueden provocar en el pavimento y en los vehículos.
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