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A medida que, con el correr de los meses, se fueron flexibilizando las restricciones del aislamiento por la pandemia, el Gobierno aminoró el ritmo y volumen de los fondos destinados a la asistencia económica para paliar los efectos de la cuarentena. La decisión de recortar el alcance de los ATP para el pago de sueldos al sector privado, uno de los principales gastos extraordinarios por coronavirus de los últimos seis meses, y la discusión en torno al otorgamiento de una nueva ronda de IFE, también más acotada, se orientan en la decisión de reducir el impacto presupuestario de estas medidas.
Desde que se desató la crisis por el Covid-19 y las consecuentes medidas de aislamiento, el Gobierno solventó gastos imprevistos por el equivalente a 3,5% del PBI. Se trata de unos $941.328 millones, de los cuales el 70% -unos $652.025 millones- se desembolsó en el segundo trimestre del año. Entre julio y octubre, sin embargo, esa cifra se redujo a $289.303 millones, según se desprende del informe actualizado sobre el impacto financiero del Covid que realiza la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El informe también calcula la pérdida de recursos fiscales, la que cuantifica en 0,4% del PBI. También en este renglón, el principal efecto se computa entre marzo y junio, mientras que los menores recursos durante del segundo trimestre explican apenas 0,1% del producto.
Estas cifras son, en definitiva, las que explican en trazos gruesos la principal proyección del Prespuesto 2021 que avanza en el Congreso. De acuerdo al texto enviado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el déficit fiscal para el próximo año se ubicará en 4,5% del PBI, lo que implica una reducción de 4 puntos respecto del desequilibrio previsto para este año. Es decir, la reducción del rojo fiscal se explicará principalmente por la eliminación de la asistencia económica por la pandemia mientras que otros gastos se mantendrán constantes. Es el caso de los subsidios a la energía y el transporte, que seguirán insumiendo el equivalente a 7% del producto, siempre y cuando el Gobierno avance con el aumento de tarifas asociado a la inflación, tal como anunció el titular del Palacio de Hacienda. En caso contrario, ese rubro implicará un gasto mayor.
El Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, estimó el gasto estatal para combatir la pandemia en 7 puntos del PBI; la estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso es claramente menor, por lo pronto, el nivel de gasto asociado a la emergencia del coronavirus está lejos de los 7 puntos del PBI que anticipó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Con todo, es cierto que se dispusieron otras medidas, como créditos bancarios y garantías, por $530.000 millones que no tienen impacto directo en el Presupuesto pero que equivalen a otro 2% del PBI.
Entre las medidas que sí afectaron presupuestariamente las cuentas públicas, el informe de la OPC señala que el mayor gasto fue el destinado a la asistencia social: el IFE, planes alimentarios, subsidios a jubilados, pensionados y el bono de $3.000 para los beneficiarios de la AUH. Todo este renglón absorbió unos $360.000 millones.
El segundo gran renglón, en tanto, fue el gasto destinado a la asistencia al sector privado, principalmente las erogaciones por los ATP y las garantías del FoGAr para facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, que insumió otros $335.000 millones. El resto de los fondos se distribuye entre el fortalecimiento del sistema de salud y las fuerzas de seguridad, incluyendo el bono de $5.000 otorgado a trabajadores de ambos sectores. Pero existe un renglón, comparativamente menor, que merece atención: el Ministerio de Educación recibió fondos adicionales por unos $1.800 millones, de los cuales menos de $300.000 millones se destinaron a los cuadernillos para sostener la continuidad educativa de los chicos en sus hogares y el resto, $1.500 millones, tuvo como finalidad el plan “Volver a las escuelas (regreso seguro)”, que aún no se ha producido en gran parte del país.
Por el lado de los menores recursos, la merma deriva de la reducción de hasta el 95% en las alícuotas de las contribuciones patronales para trabajadores de salud y del sector privado (con ciertos requisitos), de la disminución de la alícuota del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios para operaciones vinculadas a salud, derechos de importación extrazona del 0% para mercaderías de uso médico, devolución de IVA por la venta de leche, exención del impuesto a las Ganancias para personal de salud y de las fuerzas armadas y de seguridad.
