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Está previsto que se apruebe este miércoles. La norma establece capacitaciones obligatorias, un sistema de alerta temprana y campañas de difusión para la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes
La “Ley Lucio” toma fuerza y, si no hay sorpresas, se sancionará este miércoles en la Cámara de Diputados. La iniciativa que busca prevenir violaciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes establece capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y los funcionarios del Estado que tengan contacto con la niñez, una suerte de “ley Micaela” junto a otras medidas que tienen el objetivo de desalentar los casos de abusos, maltratos y abandono.
El proyecto inspirado en Lucio Dupuy, el niño de cinco años que murió asesinado a golpes en La Pampa donde fueron acusadas por el crimen su madre y su pareja, se tratará hoy en la Comisión de Presupuesto a las 14. Con el apoyo unánime de los bloques legislativos, ya tuvo su aprobación en la comisión de Familia, Niñez y Juventudes. Cumplido el trámite parlamentario, estará en condiciones de lograr la media sanción de la Cámara baja este miércoles, ya que fue incluido en el temario de la sesión.
“El horrible caso de Lucio Dupuy expuso la invisibilización del Estado sobre la violencia a los niños, algo que se repetía en varias provincias donde había fallas en el abordaje de esta situación. Lucio entró cinco veces en una guardia, estaba en un jardín institucionalizado y era un niño que tenía la atención del sistema judicial. Nada de eso sirvió y lamentamos este lamentable hecho”, sostuvo diputado por La Pampa y autor del proyecto, Martín Maquieyra, en diálogo con Infobae.
El legislador remarcó que la normativa establece tres nuevas herramientas que refuerzan la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, a saber:
- Capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación a la niñez. “Esto es algo que no se vio en la guardia y en las escuela de Lucio, no porque los docentes o médicos no estén preparados, sino porque cualquiera de nosotros no sabe como predecir o preveer las alertas tempranas que un chico pueda dar”, sostuvo Maquierya.
La formación apunta a detectar esos indicios en las víctimas de maltrato, abuso, descuido o abandono que pueden pasar desapercibidos, como cambios de comportamiento o los dibujos que realiza. Se trata de un conjunto de contenidos mínimos en el que cada jurisdicción deberá capacitar en materia de pautas de alarma, sobre el sistema de protección de NNyA, y los protocolos de actuación. “Queremos invitar a que se capaciten los clubes y otras instituciones, sería buenísimo que lo hagan”.
- Reserva de identidad. Se trata de una modificación de la legislación que apunta a preservar la autoría de los denunciates de actos de violencia. “Meses después de lo que pasó con Lucio, en la misma escuela, hubo una denuncia por otro chico y la madre fue y golpeó a la docente. Los médicos y docentes están obligados a denunciar estos hechos, pero se busca que estén más respaldados y puedan hacer su trabajo normalmente”, indicó.
- Campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales. La ley establece una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas. “Apunta a que no sea solo una capacitación en el ámbito público, sino que todos los ciudadanos seamos parte de la protección de los chicos, con campañas sobre la línea 102 y se explique cuáles son las alertas tempranas a detectar”, indicó Maquieyra.
Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, aseguró que se está impulsando el proyecto porque la Ley 26.061 “le falta reglamentar muchas cosas y no se están cumplimiento los derechos del niño”. “La Ley Lucio está bien armada y va a ayudar a implementar la ley de protección integral. Como la capacitación actual no es obligatoria, nadie la quería hacer”, ejemplificó a este medio.
El caso de Dupuy conmovió a la provincia de La Pampa. El chico presuntamente fue asesinado por su madre Madgalena Espósito, y la novia de ella, Abigail Páez, en noviembre del año pasado. En la noche de la tragedia, las mujeres llevaron al niño al Hospital Evita sin signos vitales, y con muchas heridas por golpes. Las acusadas dijeron que habían sufrido un robo y que los delincuentes habían agredido al chico.
Sin embargo, la investigación reveló indicios y antecedentes de hechos de maltrato infantil contra el niño. Lucio vivía con su madre y la novia de ella por orden judicial, tras un acuerdo con Magdalena Espósito y la familia del padre que luego fue homologado por la jueza Ana Clara Pérez Ballester.
“En el caso de Lucio se vulneraron todos sus derechos. Nadie dio vista lo que estaba pasando. Todos hicieron la vista para el costado. Al año y tres meses que se lo llevaron, me lo trajeron muerto y todo por una inoperancia de una jueza que revocó la tenencia de mi familia”, sostuvo Ramón Dupuy.
El diputado nacional del PRO y autor del proyecto, Martín Maquieyra
Una realidad extendida en el país
De acuerdo a datos de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), la línea 102 recibió en un año más de 45.500 llamadas de todo el país, de las cuales unas 20.300 correspondieron a situaciones de violencia contra niñas y niños. Las privaciones a los derechos de las infancias es una realidad extendida.
Institucionalmente, las herramientas como la línea de atención telefónica tuvieron demoras en su implementación. Hasta diciembre de 2019, había solo 17 jurisdicciones funcionando con el dispositivo. En 2020 sumó Río Negro y el año pasado Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Santa Fe y San Luis. Con la incorporación de La Pampa, que fue posterior al caso de Lucio Dupuy, se completó el mapa de asistencia.
Según Maquieyra, uno de los puntos a resolver será la revisión de los protocolos de actuación ante un indicio de violencia infantil. “Tenemos que apuntar a que se actualicen esos protocolos, que son potestad de las provincias. Hay que unificarlos e instamos a las autoridades que lo hagan”, dijo.
En cualquier circunstancia, según el diputado, la ley tiene como misión lograr un consenso sobre la problemática.
“Todos los bloques buscamos saltar la grieta y ponernos de acuerdo en algo tan importante como la vulneración de derechos de los niños”, destacó. Y se mostró optimista en que la norma tenga sanción definitiva por el Senado antes de fin de año. “Sabemos que el Senado está en un proceso político complejo, pero esperamos que el Presidente lo ponga como prioridad en las sesiones extraordinarias si no sale antes. El Presidente viajó a La Pampa y le prometió eso a la familia”, recordó.
En paralelo a la ley, el juicio avanza con cierta velocidad. A casi un año de la tragedia, comenzará el próximo jueves el juicio contra Espósito y Páez como coautoras del crimen del niño. Será un debate oral en el que también declararán más de 100 testigos. La instancia estará a cargo cargo del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa y será a puertas cerradas porque la víctima era menor de edad y se trata de un delito contra la integridad sexual.
Para Ramón Dupuy, el juicio se aguarda “con muchas ansias y expectativas enormes”. “Esperamos realmente algo favorable, ya que en la primera instancia nos fallaron en contra”, dijo el abuelo, en alusión a la resolución de la jueza Ana Clara Pérez Ballester que le quitó la tenencia a la familia Dupuy. “Ojalá que este juicio sirva para que muchos abran los ojos y sea una condena ejemplar. Hay una cantidad de miles de chicos que están pasando por esto”, concluyó.
