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La familia paterna de Lucio Dupuy demandará a la Provincia de La Pampa ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los incumplimientos estatales que llevaron a la muerte del nene de 5 años, por cuyo asesinato están acusadas su madre, Magdalena Espósito Valenti (26), y la novia, Abigail Páez (28).
Además, anticipó que realizarán una denuncia penal contra los empleados de Salud que intervinieron en la atención de Lucio en los meses previos a su muerte y, a pesar de las quebraduras y traumatismos que padeció, no activaron un protocolo para atenderlo como un caso de violencia infantil.
“Vamos a presentar una demanda contra el Estado pampeano. Lo está armando una parte del equipo, pero la familia Dupuy ya tomó la decisión de realizar una presentación ante tribunales internacionales”, afirmó a Clarín el abogado José Mario Aguerrido.
Aguerrido representa en el juicio penal por el asesinato de Lucio a su padre, Christian Dupuy, quien como damnificado directo es querellante. Pero además representa a los abuelos paternos, Ramón Dupuy (56) y Silvia Gómez (54).
El asesinato de Lucio se produjo el 26 de noviembre de 2021. Ese día, pasadas las 20.30, Abigail Páez llevó en andas al nene, quien estaba inconsciente y vomitaba sangre, a la posta sanitaria del barrio Río Atuel, que estaba cerrada. En la vereda, los vecinos intentaron reanimarlo. Después lo llevaron al Hospital Evita, donde el médico de guardia certificó su muerte.
La autopsia reveló que el chico sufrió el estallido de los órganos y un fuerte golpe en la cabeza que provocaron su muerte. Además, el juicio desnudó el maltrato que sufrió, con torturas y abuso sexual.
La investigación del caso reveló que Lucio tenía varias entradas en el Hospital Lucio Molas (el principal de la capital pampeana), en el Hospital Evita y en la posta del barrio con quebraduras y traumatismos, pero ningún profesional activó el sistema para que fuera seguido por un caso de violencia infantil.
El juicio oral -que no fue público por la acusación de abuso sexual- se llevó a cabo desde el 10 de noviembre al 22 de diciembre de 2022 en la ciudad judicial de Santa Rosa.
El tribunal de audiencia integrado por los jueces Daniel Sáez Zamora, Alejandra Ongaro y Andrés Olié dará a conocer el fallo del caso en dos tiempos: el 2 de abril la sentencia que declara culpables o no a las acusadas y una semana después, la pena de prisión que deberán cumplir. Esta modalidad, la condena en dos pasos, se denomina juicio de cesura.
“Nosotros creemos que hubo una desprotección de los derechos de Lucio. Tanto en el sistema de salud como en el sistema educativo”, explicó Aguerrido.
El abogado dijo que los organismos dedicados a la protección infantil como la dirección de Niñez no se activaron porque no lo advirtieron los profesionales de salud. “Con un agravante: en La Pampa la historia clínica está informatizada. Tenían a un clic lo que pasaba con Lucio, pero no hicieron nada”, detalló.
Además, Aguerrido también apuntó al sistema educativo. Lucio asistía al jardín de infantes: los dibujos que realizaba son parte de la prueba por el maltrato y el abuso que padecía. Fue durante el año 2021, que aunque en algunos períodos rigió la cuarentena, asistía con asiduidad a la sala.
Dibujos de niños sin rostro y cuerpos sin piernas, según reveló la psicóloga Lorena Ruggero, especialista en psicología jurídica, son la muestra de que sufría abuso sexual.
Aguerrido también anticipó que realizará una denuncia a los médicos que atendieron a Lucio y no advirtieron el maltrato infantil. "Vamos a criminalizar al personal médico una vez que termine el juicio, con la sentencia próxima", manifestó.
Mientras que durante los meses previos el personal médico que atendió a Lucio no recurrió a esta herramienta informática para cuidar del nene, en los días posteriores hubo innumerables accesos a la historia clínica de Lucio una vez que se produjo su muerte.
"Hubo hasta el 29 de noviembre de 2021 más de mil ingresos a la historia clínica de Lucio, en forma morbosa. Solo algunos de esos ingresos fueron necesarios, el resto no. Hasta después de su muerte hubo un daño contra el nene", remarcó el abogado.
Aguerrido, en el caso del Poder Judicial, apuntó a un incumplimiento durante el período que Lucio permaneció con la familia paterna y pasó a manos de su madre, Magdalena Espósito Valenti.
"Cuando la madre quiere recuperar a Lucio, cuando después de dos años le volvieron las dotes maternales, se cambió el estado tutelar del nene. Pero no hubo un estudio ambiental ni informe de qué vivía o en qué trabajaba la madre", afirmó el abogado, apuntando a la decisión de la jueza de Familia de Pico, Ana Laura Pérez Ballester.
En el caso de la madre del chico, no hubo estudios socioambientales, como ocurrió con los tíos Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo cuando en el año 2019 quedaron con la tutela de Lucio porque Espósito Valenti se fue de mochilera durante casi dos años.
