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La Administración Federal de Ingresos Públicos habría detectado operaciones ilegales por ventas en negro por 72 mil toneladas de cereales (trigo, soja y cebada) por $547 millones en La Pampa. Según fuentes oficiosas del organismo fiscal, habría implicados 8 corredores de granos con ventas a “culata de camión” y productores de 14 pueblos pampeanos, 7 de Buenos Aires y 2 de Córdoba linderos a nuestra provincia. Además, la AFIP detectó omisión por $80 millones en IVA y $163 millones en gravamen a las Ganancias; como también adulteración de formularios traslado de granos con lo cual habrá intervención del Juzgado Federal y la Unidad de Información Financiera (UIF) por lavado de activos.
Fuerte evasión impositiva.
La AFIP, a través de la dirección regional Junín a cargo de las agencias Santa Rosa y Pico, realizó una serie de operativos en las campañas de granos gruesos y finos de 2018. Pudo conocerse que se detectaron, aparte de maniobras fraudulentas y dolosas con cartas de porte, la venta de miles de toneladas de granos y fuerte evasión impositiva. Mediante el cruzamiento de datos, los agentes fiscales habrían descubierto que 12 operadores habían utilizado 1.500 cartas de porte irregulares. A su vez se estima un área de 35 mil hectáreas de campos pertenecieran a productores entre Pico y Alvear, aunque también otras localidades como Metileo, Agustoni, Quemu Quemu, Eduardo Castex, Miguel Cané, Larroude, Vértiz, Monte Nievas, Ceballos y campos en La Puma y Trilí. Pero la inspección recayó en pueblos bonaerenses del departamento Rivadavia, como Villa Sauze, Quénuma, González Moreno, San Mauricio, Roosevelt y Sansinena; y campos linderos a Italó y Pincén, en Córdoba.
¿Qué se encontró?.
Según el expediente federal solicitado para el allanamiento, la documentación secuestrada refleja que las operaciones fraudulentas se hacían en más de 15 pueblos de la provincia concentrados en el cuadrángulo noreste. Además de enviar a sus inspectores a subirse a las cosechadoras para controlar el rinde de la soja, maíz y girasol, en pleno lote, la AFIP también está poniendo el foco en otros requerimientos, incluso en información con la que ya cuenta. Aunque no es una tendencia general para todas las zonas productivas de la provincia, según pudo saberse, están solicitando los aportes a la seguridad social, las declaraciones juradas de ganancias, contratos de alquileres y hasta datos de dos años atrás de movimiento del IVA.
Por las dudas, para frenar las quejas de los productores que están en medio de una muy buena cosecha, amén de los problemas hídricos del norte, al retirarse de los establecimientos les hacen firmar a los dueños un “permiso de entrada”.
Para muchos productores de la zona inspeccionada, la tarea de informar al organismo se vuelve engorrosa, sobre todo cuando hay que cosechar lotes chicos. Lo que más trabajo le da al productor rural es que hay varios potreros chicos, de 30 a 40 hectáreas e informar cuestión bastante engorrosa si la máquina no tiene monitor de rinde, pero igualmente los inspectores analizan el ancho de la plataforma de la cosechadora y comprueban si en la tolva de carga de granos hay una balanza.
Otro dato preocupante sería que además de la competencia del Juzgado Federal de Santa Rosa -ahora con su nuevo titular Juan José Baric-, por los delitos también se habría interesado la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos.
La Arena
