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BUENOS AIRES | La demanda es sobre lo mismo que lo hizo el presidente Fernández. La frase que pronunció hace un año la presidenta del PRO Patricia Bullrich en un programa de televisión cuando se discutía si la Argentina cerraba o no un acuerdo con el laboratorio Pfizer para traer su vacuna. “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, dijo la ex ministra de Seguridad en una entrevista que le fue realizada el domingo 23 de mayo de 2021. Hacían dos meses que había estallado el escándalo del “Vacunatorio VIP”, que derivó en la salida del médico de la cartera de salud.
Las palabras de Bullrich fueron desmentidas no solo por los aludidos sino por la empresa Pfizer en un comunicado. Eso es el corazón de la demanda que iniciaron tanto presidente Alberto Fernández como el ex ministro de Salud en la justicia civil pidiendo que la dirigente del PRO los indemnice por daños y perjuicios. Esta semana, hubo una audiencia de conciliación, dentro de la causa civil, entre Alberto Fernández y Bullrich. No se vieron las caras porque la dirigente ya había anunciado que no se retractaría. “El Presidente se escondió”, acusó Patricia Bullrich. “Vino a hacer política, estaba desesperada por ver al Presidente; al no venir a retractarse, ¿para qué se iban a ver? ¿Qué sentido tenía?”, contestó el abogado del jefe de Estado Gregorio Dalbón.
Mientras el presidente reclama un resarcimiento de 100 millones de pesos en el juzgado en lo civil número 21 a cargo de Luis Sáenz, Ginés González Garcia pidió una condena de $350 mil “o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en auto, con más sus intereses que deberán liquidarse desde la fecha del hecho que tiene por causa este proceso hasta la fecha del efectivo pago de la suma de dinero que establezca la sentencia de condena”. El trámite se sustancia en los tribunales de la avenida Inmigrantes ante la jueza María Verónica Ramirez.
En su demanda, además de exhibir su trayectoria, Ginés González denuncio los daños que viene sufriendo a su honor y su reputación. “Sufrí y sigo sufriendo por causa de las afirmaciones falsas, calumniosas, injuriantes, infundadas, y acusatorias”, sostuvo.
“No escapará al conocimiento de V.S. por ser hechos públicos y notorios a raíz de la difusión periodística que realizaron los medios de prensa orales, escritos, y televisivos, y también, por redes sociales, respecto de las declaraciones de personas que, como la demandada, forman parte de la oposición política al gobierno nacional que asumió el día 10 de diciembre de 2019, y que confrontados con el marco legal dictado para la compra de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, llevan a la conclusión que todas ellas carecen de fundamento fáctico, y solo tuvieron por objeto hostigar al Poder Ejecutivo nacional, y a la coalición que gobierna el país, con el objeto de desprestigiarla frente a la ciudadanía, en un año en el cual estaba prevista la convocatoria a elecciones de diputados y senadores nacionales”, afirmó.
Patricia Bullrich, el martes a la salida de la audiencia por la demanda que le inició Alberto Fernández
Dice González García: “Advierta V.S. que Bullrich afirmó que yo exigí a Pfizer que ‘.. Para firmar este contrato... tiene que haber un intermediario que es el mismo de Astra Zéneca, Sigman...’ y que eso ‘... tiene una sola explicación, eso se llama en cualquier lugar del mundo querer tener un retorno de esa vacuna...’ Al ser interrogada por el periodista sobre si ella estaba acusándome de intentar tener un retorno de la vacuna Pfizer, Bullrich respondió textualmente Pero no tengo la menor duda. Esa vacuna no está en la Argentina porque no hay un argentino con quien hablar, que le pudiera dar parte de eso. De eso no tengo la menor duda y además eso es criminal’”.
Para el ex ministro, “el sentido de la falsa acusación y difamación pública de Bullrich era claro, pero por si acaso, ella misma se encargó de poner de resalto que ‘este gobierno decidió que siguiesen las muertes en Argentina por no comprar una vacuna, con las condiciones no éticas que planteaba el ministro Ginés González García’”.
FOTO DE ARCHIVO: la vacuna de COVID-19 desarrollada por Pfizer-BioNTech (REUTERS/Carlos Osorio)
“Con relación a ello debe recordarse que la compra de la vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, fue politizada por los partidos que integran la oposición al gobierno nacional, por cuanto no fue posible adquirir en forma rápida las vacunas desarrolladas y fabricadas por los laboratorios extranjeros con casas matrices en Estados Unidos de América, en especial PFIZER-BIONTECH, por cuanto los responsables del referido laboratorio en la República Argentina manifestaban que lo dispuesto por la ley 27.573, que estableció el régimen legal al cual deben someterse las autoridades argentinas, en especial el Ministerio de Salud de la Nación, en ese entonces a mi cargo, para la compra de las mismas no se ajustaba a los términos y condiciones requeridas por los responsables de su casa matriz en los Estados Unidos de América para celebrar el contrato, y exigían, por lo tanto, su adecuación a las condiciones por ellos establecidas. Y fue, a raíz de ello, que con dicho laboratorio no fue posible bajo mi gestión celebrar el contrato para la compra de las vacunas, y que el Poder Ejecutivo nacional debió sustituir artículos e incorporar otros a la ley 27.573 mediante el dictado con fecha 2 de julio 2021 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 431/2021, a los efectos de poder concretar la compra de las vacunas con el laboratorio Pfizer Biotech, como surge en forma clara y contundente de los considerandos del DNU antes referido”, sostuvo.
Tras sostener que “la libertad de expresión e información no da una licencia para difamar o para dañar al prójimo”, la demanda sostuvo: “No puede soslayarse que cuando se menoscaba de manera injusta el honor de una figura pública, como es mi caso, ya que ocupé diversos cargos como surge de mí currículum vitae adjunto a esta demanda como prueba documental, el daño sufrido es muy intenso, lo cual, a la postre, debe conducir a indemnizaciones significativas”. En ese sentido, se reclamó 350 mil pesos y la publicación de “retractación lisa y llana” en el canal donde dijo las afirmaciones, además de la publicación en los dos principales diarios de papel.
Aún no hubo convocatoria a una audiencia cara a cara con Ginés dentro del proceso judicial (sí en la mediación prejudicial en donde no hubo acuerdo), como sucedió con el caso del presidente Fernández. Según Dalbón, si bien no hay plazos estipulados podría llegar a haber en su casa un primer pronunciamiento a fin de año y luego habrá que esperar la apelación en la Cámara Civil. De todas maneras, este tipo de procesos siempre terminan en la Corte Suprema.
