El juez de audiencia santarroseño, Andrés Olié, condenó hoy a una madre a tres años de prisión en suspenso, por ser autora del delito de abuso sexual simple, en perjuicio de una persona menor de 13 años; agravado por haber sido ejecutado contra su hija, como delito continuado. En cambio la absolvió de la acusación de suministro de material pornográfico a una menor de 14 años.
Judiciales 09 de marzo de 2023
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Con las pruebas reunidas durante el juicio oral, el magistrado dio por acreditado que durante 2018 y hasta julio de 2019, la imputada (38 años) agredió sexualmente a su hija –tenía entre seis y siete años–, en forma reiterada, con diferentes tipos de tocamientos.
Durante los alegatos, la fiscal Verónica Ferrero había solicitado una pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por considerar que la madre había cometido los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado, por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con ella, y por ser cometido por su ascendiente; en concurso real con suministro de material pornográfico a una menor de 14 años. También requirió el mantenimiento de la prisión preventiva por entender que esas conductas podrían reiterarlas con otros hijos.
Los querellantes particulares, Juan Venero y César Rodríguez, adhirieron a esos planteos en nombre de la víctima; mientras que el defensor particular, José Mario Aguerrido, pidió la absolución de la progenitora por el beneficio de la duda.
Olié descartó que la madre cometiera el delito de suministro de material pornográfico al preguntarse: “con este marco probatorio, ¿es posible concluir que la niña fue expuesta por su madre a videos pornográficos? La respuesta debe ser negativa, ya que la prueba producida no me permite arribar a una conclusión más allá de toda duda razonable”.
E inmediatamente agregó que para demostrarlo “pudo haberse hecho sin dificultad” un peritaje del historial de navegación de YouTube en el teléfono celular secuestrado, o incluso en un televisor, “lo que pudo haber arrojado algún tipo de precisión al respecto”. “Estas ausencias probatorias no pueden hacerse valer en perjuicio de la acusada”, acotó.
En la parte resolutiva, el juez le impuso a la madre el cumplimiento de reglas de conducta durante tres años (fijar domicilio, presentarse mensualmente ante el Ente de Políticas Socializadoras, no acercarse a menos de 200 metros del domicilio de su hija, y no tener ningún tipo de contacto con ella.
Olié además ordenó el cese inmediato de la prisión preventiva de la acusada y la sustituyó por la obligación de fijar domicilio, presentarse mensualmente en la comisaría de la localidad donde vive y no acercarse ni contactarse con la víctima.
Finalmente, al fundamentar la pena, el juez consideró como agravante la multiplicidad de hechos; y como atenuantes, la falta de antecedentes de la imputada, que tenga una profesión y pueda desempeñarla, y que está casada y tiene un hijo de dos años, habiendo permanecido la mayor parte de ese tiempo privada de la libertad.
“Imponerle una pena de prisión efectiva tendría un efecto desocializador, lo que acarrearía inevitablemente el abandono de su entorno familiar, laboral y la necesidad de adaptarse a un nuevo medio hostil por naturaleza”, concluyó.​
En la mañana de hoy el fiscal Enzo Rangone recibió a Laura Tello, rectora del Instituto de Formación Docente de Victorica para coordinar y planificar charlas en el transcurso del año académico 2024.
En el mediodía de ayer un hombre que reside en Victorica fue detenido por personal de la Comisaría Departamental Victorica al quedar firme el fallo que lo condenó por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de "Abuso Sexual Simple" contra un menor de edad. En 2016 había sido condenado por un hecho similar.
El juez de control santarroseño, Néstor Daniel Ralli, homologó hoy un acuerdo de juicio abreviado y condenó a Jorge Alberto Pellegrino a un año de prisión en suspenso por ser autor de los delitos de abuso de arma de fuego y portación ilegal de armas de fuego, en concurso ideal entre sí, al disparar contra un comercio porque su propietaria no tenía viandas.
Un empleado de la Municipalidad de Santa Rosa fue condenado hoy a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargo o empleo público, por ser autor del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, agravado por su condición de empleado comunal.
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El Superior Tribunal de Justicia dio vía libre para que desalojen a un hombre, de la Comunidad Ranquel Epumer, que alquiló un campo y pretendía quedarse con el mismo invocando la Ley 2222, que evita los desalojos de puesteros del oeste pampeano.
Todo ocurrió en la noche del lunes en la localidad de Winifreda. El damnificado se acercó a la comisaría local a denunciar que alrededor de las 21 horas, dos desconocidos ingresaron al predio rural “La Dorita”. A punta de pistola, los delincuentes se hicieron de una suma total de 20 mil dólares y de una camioneta marca Toyota Hilux de color gris.
Mediante dos allanamientos llevados adelante por Gendarmería junto a la policía alvearense, se logró el secuestro de elementos para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes y sustancias prohibidas junto a otros de interés para la causa que se tramita ante un Juzgado de la ciudad santafesina de Venado Tuerto.
Cuatro venadenses fueron interceptados realizando caza furtiva en caminos de la zona rural de Ojeda, careciendo de permisos para dicha práctica.
Los menores eran electrodependientes y la primera hipótesis señala que la madre los desconectó hace tiempo. Fue arrestada tras el escalofriante hallazgo.
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