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NACIONALES | En junio, el campo se anticipó a los cambios en el esquema tributario. La venta de soja y el registro de exportaciones crecieron a un ritmo acelerado, impulsados por la inminente suba de retenciones. Pero ahora, con un nuevo escenario a la vista, los analistas proyectan una fuerte desaceleración en las operaciones y advierten sobre el impacto en los precios internos.
Según trascendió de un borrador que circula en el Ministerio de Economía, la baja de retenciones que rige desde enero no se extenderá para soja ni maíz a partir del 1 de julio. La medida sí seguiría vigente para el trigo y la cebada, que conservarían las alícuotas reducidas. El cambio fue confirmado en declaraciones recientes tanto por el presidente Javier Milei como por el ministro Luis Caputo.
En el sector agroindustrial ya anticipan que esta modificación encarecerá los costos para los exportadores y se traducirá en precios más bajos para los productores, golpeando la rentabilidad. “Se adelantaron muchas ventas de soja en junio. Ya se registraron 10,7 millones de toneladas en las DJVE, el volumen más alto desde que asumió Milei”, señaló el consultor agropecuario Javier Preciado Patiño.
Según datos de CIARA-CEC, el ingreso de divisas entre enero y mayo ascendió a 11.713 millones de dólares, un 29,5% más que el mismo período de 2024, ubicándose como la tercera mejor marca histórica. Sin embargo, la bonanza podría interrumpirse.
Para julio se espera una caída en el ritmo de liquidaciones. “Vamos a ver una desaceleración muy fuerte en la comercialización durante la primera quincena e incluso todo el mes”, advirtió Preciado Patiño, quien además estima que aún quedan sin vender unas 22 millones de toneladas de soja. De cara a las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno necesitará reactivar ese flujo de divisas.
Dos posibles escenarios se proyectan: una retención masiva por parte de los productores para forzar una nueva baja de retenciones, o una industria aceitera que opere con márgenes mínimos o negativos para sostener su actividad.
En paralelo, los reclamos del sector agropecuario por la falta de infraestructura ganan fuerza. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) publicó un comunicado en el que denuncia la parálisis del Plan Maestro del Río Salado, lo que habría generado pérdidas por más de 5.000 millones de dólares en zonas afectadas por inundaciones. “El financiamiento nacional es indispensable”, señalaron, y reclamaron la activación del Fondo Hídrico, financiado por recargos en naftas y GNC. “Esa plata está durmiendo la siesta”, concluyeron.
