ZILIOTTO FIRMÓ EL DECRETO DE ADHESIÓN AL PROTOCOLO NACIONAL PARA LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO
“Es necesario reinstalar en el país políticas orientadas a la protección integral de derechos”, expresó el mandatario pampeano.
Si bien la provincia ya cumplía con la normativa, el mandatario pampeano resolvió adherir con el objetivo de acompañar al Gobierno Nacional en lograr un marco uniforme en todo el territorio nacional.
“Espero que los demás gobernadores adhieran”, expresó Ziliotto en consonancia con la invitación a sumarse al protocolo que formuló días atrás el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.
“El protocolo constituye un imperativo de la política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva, transformándose en una decisión de estricta aplicación para todos los ámbitos de atención de la salud. Sostiene la necesidad de reinstalar en todo el país políticas orientadas a la protección integral de derechos que hasta el momento no estaban siendo garantizados por la falta de una clara política del Estado Nacional al respecto”, detalló.
Fundamentos del Decreto
La fundamentación afirma que “con la Resolución Ministerial del año 2018 y la elaboración de la Guía Provincial de Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del embarazo, se estableció como Política Pública de Salud Provincial garantizar el derecho de acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, instituyéndose así un marco normativo más amplio y abarcativo, que contempla y acata todas las disposiciones existentes, lo que permite dar cumplimiento efectivo a lo dispuesto por el máximo órgano judicial de nuestro país”.
Cabe destacar que “el protocolo incorporó avances muy significativos convirtiendo al Sistema de Salud Provincial en un garante de los derechos de todas las personas, ya que estableció que la prestación de la práctica de interrupción legal del embarazo se realice en todos los establecimientos médicos asistenciales que componen el Sistema de Salud de la Provincia de La Pampa”.
Por última, los fundamentos del Decreto precisan que “los profesionales de la salud en condiciones de realizar la interrupción legal son todos aquellos que se desempeñan en los establecimientos de la provincia, garantizando un adecuado abordaje, acompañamiento y consejería en derechos a través de la conformación de un equipo interdisciplinario que asegure a la mujer gestante una adecuada escucha, contención y garantía de sus derechos sexuales y reproductivos”.
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La familia de contención llevó el reclamo a la Legislatura pampeana y reclamó investigar el accionar del sistema provincial de protección de derechos. Ana Laura Pizzani leyó un extenso petitorio en el que cuestionó el procedimiento utilizado para retirar al niño, denunció irregularidades administrativas y pidió la salida del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y de otros funcionarios. También reclamó revisar la actuación institucional vinculada al caso.