El Poder Judicial desmintió a medios nacionales "la jueza María Anahí Brarda, no tuvo ninguna intervención"
Hasta allí el comunicado oficial emitido hace minutos por el Poder Judicial de la provincia de La Pampa.
¿Que habría ocurrido?
Anoche el medio piquense Yatecuento realizó un relato de la situación judicial del caso que conmueve al país. De acuerdo a esta investigación periodistica "La jueza piquense, Ana Clara Pérez Ballester, no tuvo otra opción que aceptar lo que habían acordado en una mediación prejudicial obligatoria la madre biológica de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, y Leticia Hidalgo, tía paterna del niño".
En La Pampa, la única jueza que intervino en esto fue la jueza de Familia, Niña, Niños y Adolescentes, Ana Clara Pérez Ballester, quien según lo que Yatecuento pudo averiguar hizo todo lo que correspondía que hiciera de acuerdo al caso que se le presentó.
Hay que remontarse al año 2019 para referirse al caso cuando la tía de Lucio, Leticia Hidalgo, que es la esposa del hermano mayor del padre de Lucio (Maximiliano Dupuy) se presentó con una defensora oficial, la Dra. Fernanda Coronel, solicitando la guarda de Lucio cuando éste tenía apenas 2 años.
En dicha presentación, la tía paterna manifestó que el padre (Christian) estaba viviendo en Luján y la madre (Magdalena) en Santa Rosa y que el niño estaba con ellos porque la madre los había autorizado a través de un acuerdo que firmaron en noviembre de 2018 en donde les permitía además hacer todo tipo de gestiones ó trámites para representar al niño e inclusive para viajar con él por todo el territorio nacional.
Ante esta situación, la jueza Pérez Ballester termina resolviendo que no correspondía otorgar una guarda sino una tutela del niño (una cuestión meramente legal) ya que éste se encontraba viviendo con sus tíos paternos desde hacía meses y tenían la autorización de la madre biológica. Además, la jueza obtiene distintos testimonios de familiares directos y en ningún momento surge algún tipo de oposición respecto a la decisión que iba a tomar.
A mediados de 2020, en medio de las restricciones por la pandemia, la madre de Lucio viene a General Pico y se presenta con una abogada, la Dra. Alejandra Rodríguez Vargas, y solicita se deje sin efecto la guarda de su hijo que estaba en poder de sus tíos paternos y que el niño le sea restituido.
De acuerdo a lo que Yatecuento pudo saber, la madre de Lucio habría buscado la representación de una abogada e hizo con ella algunas presentaciones en la Unidad Funcional de Género de General Pico argumentando le había dejado la guarda a sus tíos por cuestiones económicas pero que cuando ellos se habían enterado que tenía una pareja del mismo sexo habían comenzado a retacearle el contacto con su hijo.
Uno entiende que esta situación obligó a la familia Dupuy a poner mayor atención en el tema y quizá hasta temer en que podían llegar a quedarse sin la tutela de Lucio. Si bien la defensora oficial, la Dra. Coronel, los habría seguido aconsejando con "no entregar al niño porque ellos tenían la tutela y era una decisión judicial" fueron en búsqueda de una abogada particular y la contrataron para que los patrocinara.
Allí aparece en escena la Dra. Adriana Mascaró, quien es contratada por los tíos paternos de Lucio, y quien termina llegando a un acuerdo prejudicial con la otra abogada, la Dra. Alejandra Rodríguez Vargas, a través de una mediación entre las partes, algo que es legal absolutamente y también obligatoria, autorizada por la legislación provincial.
Finalmente dicho acuerdo fue presentado a la jueza Pérez Ballester quien finalmente no tuvo otra opción de quitarle la tutela de Lucio a sus tíos porque además en ningún momento surgió nada extraño que la pudiera hacer dudar de la decisión. Nunca se denunciaron maltratos por ejemplo, ni tampoco la jueza tuvo ninguna oposición por parte de algún integrante de la familia Dupuy para que el niño vuelva con su madre biológica.