Docentes en actividad y jubiladas llevarán adelante esta semana un fuerte reclamo mediante una carta abierta que busca exponer la "situación extrema por la que estamos atravesando sobre todo las embarazadas de La Pampa, ya que Sempre, la principal obra social de nuestra provincia ha cortado todo tipo de cobertura ginecológica, dejándonos en el desamparo total. Sin brindarnos ningún tipo de solución paliativa ni respuesta" afirmaron.
Provinciales12 de diciembre de 2021
InfoTec 4.0
CARTA ABIERTA AL Sr Gobernador de La Pampa, Diputadas y Diputados Provinciales, Secretaría de la Mujer de La Pampa, Directorio del Instituto de Seguridad Social, Asociación de Ginecólogos y Ginecólogas de La Pampa y comunidad en general:
La Pampa, Diciembre de 2021
Somos un grupo de mujeres –docentes en actividad y jubiladas- y también varones de La Pampa que acompañan nuestra inquietud.
Nos hemos unido de manera independiente muy preocupadas por la situación que se nos presenta no solo a las docentes y jubiladas docentes sino a todas las mujeres pampeanas que tienen una obra social, por el conflicto generado entre las obras sociales y los y las prestadoras de la especialidad –ginecología- que nos ha dejado en un estado de extrema inseguridad y vulnerabilidad.
Como es de público conocimiento, desde el 1 de diciembre del corriente todas las afiliadas a las obras sociales y por ende, a Sempre hemos quedado sin la cobertura de esta especialidad ya que –a excepción de unos pocos que no llegarían a la decena- TODOS los ginecólogos y las ginecólogas de La Pampa han decidido de manera unánime dejar de pertenecer al Colegio Médico de La Pampa – con quien las obras sociales acuerdan el canon de las prestaciones- y agruparse bajo la órbita de la Asociación de ginecología y obstetricia de La Pampa.
Ello implica que hemos dejado de tener cobertura médica en la especialidad – con todas las particularidades que ésta conlleva- ya que esta institución y las obras sociales- entre ellas, el Sempre- no han llegado a ningún acuerdo respecto a la modalidad y el pago de las prestaciones de la misma.
Cabe señalar la perspectiva que adquiere este conflicto y a quienes afecta: a las mujeres pampeanas. Lo que parecería un elemento menor, no lo es si consideramos la innumerable cantidad de mujeres que estamos cursando embarazos, algunos incluso de riesgo y que requieren monitoreos constantes, o teniendo chequeos para controlar alguna infección.
Muchas de nosotras atraviesan un cáncer con tratamientos que no pueden demorarse. Por ejemplo, las pacientes oncológicas con sus tratamientos, cirugías programadas, sus controles de rutina, que en algunos casos son hasta mensuales. Todo ello queda suspendido excepto que cada una pague personalmente por las prácticas.
Ni qué hablar de los controles para prevenir precisamente, el cáncer de mama y de útero, una preocupación a nivel mundial y por la cual se desarrollan periódicamente campañas de difusión. La falta de atención a tiempo podría generar un aumento de casos graves.
Nos preguntamos también, qué ocurrirá con la fertilización asistida y el derecho que por ley asiste a las personas que deseen acceder a estas prácticas también específicas de la especialidad.
Todo esto debe ser cubierto por las Obras Sociales, tal como indica el Programa Médico Obligatorio (PMO- Decreto 492/95 y sus modificatorias) y otras leyes (como también resoluciones generales del propio Directorio del ISS) obligación que en la práctica ha dejado de existir en nuestra provincia.
A hoy, cada paciente mujer que requiera atención ginecológica, deberá abonarla por sus propios medios (para que se entienda bien, de su bolsillo) si es que efectivamente cuenta al momento con el dinero, para luego, ingresar a un sistema burocrático donde deberá presentar historia clínica, presupuestos, facturas por las prácticas realizadas, solicitar el reintegro, esperar el tiempo necesario hasta que este se materialice y estar expectante para que el reintegro sea lo más aproximado posible a la erogación que hizo por la atención recibida. Como ejemplo, el honorario por las visitas fluctúa entre 2.500 y 3.500 pesos. Estos valores aumentan sustancialmente si se hacen otras prácticas (PAP por ejemplo). También vemos que ni siquiera hay valores estandarizados, por lo cual cada profesional cobraría de acuerdo con su libre albedrío.
En resumen: a pesar de tener obra social, (por la que aportamos mensualmente y obligados por el estado Provincial a permanecer en ella) deberemos abonar cada práctica para garantizar la salud e integridad personal, lo cual toma otro cariz cuando hablamos de mujeres que cursan un embarazo, ya que acá se ponen en juego no solo los derechos de la mujer sino también los de su hijo o hija en gestación.
A lo dicho, se agrega el marco de indefiniciones ante las consultas efectuadas, ya que nadie sabe muy bien qué va a pasar, o cómo va a ser la atención y si habrá o no una resolución en breve del conflicto.
Debe señalarse que ya hay antecedentes al respecto: hace unos años, fue el área de la salud mental quien tomó similar decisión, y los efectos de la misma se padecen hasta el presente. Por ello, nos preocupa sobremanera el precedente que se sienta y que pueda ser imitado por otras especialidades.
Lo expuesto vulnera uno de los derechos humanos principales y fundamentales, recogido como tal ya en el año 1978 en la Declaración de Alma Ata (Conferencia de la atención primaria de la salud).
En ella, se reitera firmemente que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental, y que el logro del nivel de salud más alto posible es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización requiere la intervención de otros muchos sectores sociales y económicos, además del sector de la salud. Y se remarca la responsabilidad de los gobiernos en la misma.
Frente a la ausencia de cobertura, que no puede minimizarse como tal mediante los reintegros anunciados, las mujeres pampeanas en actividad y jubiladas, hemos quedado de rehenes de este conflicto que no provocamos, no generamos, pero que vulnera nuestros derechos y nos violenta e indigna.
Con la urgencia que impone esta situación, solo nos queda hacer pública nuestra voz reiterando que la misma afecta a todas las mujeres de La Pampa con obra social (cualquiera de ellas) pero en el caso de Sempre abarca a todas las trabajadoras mujeres del sector estatal, y en la docencia impacta a la mayoría del sector por ser una profesión ejercida mayoritariamente por mujeres.
Por lo expuesto, pedimos a quienes tienen la máxima responsabilidad en el bienestar y la salud de la población en general y en este caso en particular (y de ser necesario, en sus manos están las herramientas legales para la resolución de esta problemática):
Al Señor Gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.
A los señores y señoras Diputados y Diputadas provinciales
A la Secretaría de la Mujer del Gobierno de La Pampa
Al Directorio del Instituto de Seguridad Social
A la Asociación de Ginecología y Obstetricia de La Pampa.
se pongan a la altura de las circunstancias, máxime en estos momentos en que vivimos en medio no solo de una crisis económica, sino social y emotiva debido a la pandemia mundial, retomen el diálogo, la búsqueda de consensos para resolver el conflicto y restablecer de forma inmediata la cobertura.
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