Buenos Aires fue por lejos la provincia más favorecida en el reparto de transferencias discrecionales y sería la más afectada por su reducción o eliminación. Al cabo de 4 años, el reelecto mandatario pidió prorrogar por otros 2 una amplísima “emergencia” y endeudarse en USD 1.800 millones para pagar deudas.
Nacionales 31 de diciembre de 2023
InfoTec 4.0
NACIONALES |Desde la campaña por las elecciones, el presidente de la Nación, Javier Milei, anunció que haría un fuerte ajuste fiscal. en forma directa para el Sector Público Nacional y en forma indirecta para las provincias. Según los números del gobierno, se pasaría de un déficit primario nacional de 3% del PIB en 2023, a un superávit primario de 2,1% en 2024, y dado que dicho resultado primario coincide con la cuenta de intereses a pagar, si se cumplen las previsiones el año próximo habría equilibrio financiero en el SPN.
En este escenario, resulta difícil pensar en un consenso y apoyo absoluto por parte de las provincias. De hecho, varios gobernadores se manifestaron públicamente en contra del ajuste y pidieron que el Presidente dé marcha atrás con algunas de las medidas planteadas. Entre ellos, uno de los más activos en su reclamo ha sido el gobernador de provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Pero los motivos de su oposición van mucho más allá de lo político. Según los investigadores del Ieral, Marcelo Capello y Juan Manuel López, Kicillof tiene motivos financieros más que suficientes para mostrarse particularmente en contra del ajuste.
Cómo será el ajuste
Para entender por qué el gobernador de Buenos Aires es el que más se resiste a las medidas implementadas por Milei, es necesario entender primero cómo funciona el sistema y qué cambiará, a partir de la reforma. El ajuste para provincias sería inducido en forma indirecta desde el Gobierno nacional. Por un lado aumentaría la coparticipación a provincias por reversión en la reforma del impuesto a las Ganancias (aún no aprobado), pero por el otro, las provincias recibirán menos transferencias “discrecionales” desde Nación, ya sean Transferencias Corrientes, por 0,5% del PIB, y Transferencias de Capital, por aproximadamente 0,15% del PIB. Esto es, un ajuste conjunto equivalente a 0,65% del PIB.
“Se debe tener en cuenta que la situación fiscal en el consolidado de provincias empeoró en forma significativa durante el 2023 y muchas provincias podrían terminar el año en números rojos. En el segundo semestre impactaron de lleno sobre sus ingresos las reformas en Ganancias e IVA, aprobadas por legisladores de la mayoría de las provincias en medio de la contienda electoral”, recordaron los economistas.
Por supuesto, ahora las provincias no quieren pagar el costo político de revertir la reforma en Ganancias. Se tendrá que dar, en esta ocasión, una negociación diferente a la de años anteriores, en que las provincias no pugnen por sacarle más recursos a la Nación. El incentivo ahora debería residir en negociar con Nación el “menor ajuste posible”, pero que en el conjunto de provincias resulte igual al necesario para sanear las cuentas fiscales.
El principal impacto sobre provincias del recorte en el gasto nacional, provendría de una reducción equivalente a 0,5% del PIB en las Transferencias Corrientes. En la última década, dichas erogaciones, de carácter más discrecional que la coparticipación, oscilaron entre 0,6% y 1,2% del PIB, y en los dos últimos años se ubicaron en torno a 0,75% del PIB. “Esto quiere decir que un recorte de 0,5% del PIB implicaría un ajuste del 67% en dicho tipo de transferencias”, sostuvieron Capello y López.
Las principales transferencias corrientes a provincias, que explican un 75% del total, son el Fondo de Incentivo docente, las transferencias de Anses a las Cajas Provinciales de Jubilación no transferidas a la Nación, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires (FFFPBA), el fondo que incluye los ATN, y el fondo de Asistencia Financiera a Provincias. Si se analizan los datos de 2023, se puede concluir que la provincia de Buenos Aires participa mayoritariamente en tres de esos fondos de transferencias (FFFPBA, Transferencia a Cajas de Jubilaciones y Asistencia Financiera), y en un 50% del total de transferencias corrientes, precisan los autores del estudio.
“Si se produce un fuerte recorte sobre esos envíos, Buenos Aires será la provincia con mayor impacto, dado que equivalen a un 9,3% de sus ingresos totales. Aunque existe otra forma de plantear el problema; el mayor recorte sería sobre la provincia que más participación ganó en la distribución de transferencias discrecionales entre 2017 y 2023″, dice un pasaje del documento.
Un caso que ejemplifica al extremo el favoritismo del que gozó Kicillof es el de las Transferencias a Cajas de Jubilaciones Provinciales. En el año 2023 la provincia de Buenos Aires fue la única a la que se le enviaron cuantiosos fondos adicionales (152% extra hasta diciembre, con relación a 2022, en valores reales), siendo que al resto de las provincias los envíos cayeron fuertemente este año (por ejemplo, -83% a Misiones, -63% a Córdoba y -75% a Santa Fe e incluso -23% a Santa Cruz).
Queda así muy claro que el ajuste fiscal impactaría fuerte sobre la provincia de Buenos Aires y comprometería las cuentas públicas de Kicillof. No es un secreto a voces que la situación fiscal de la Provincia es delicada. De hecho, Kicillof buscará que la Legislatura apruebe este miércoles la Ley Fiscal Impositiva 2024, un endeudamiento por una suma similar a USD 1.800 millones. Al mismo tiempo, buscará que se prorroguen por 2 años las emergencias en seguridad pública, política y salud penitenciaria; infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; administrativa y tecnológica; y social, económica, productiva y energética. El viernes, entrada la noche el Ejecutivo giró las iniciativas a la Legislatura.
Resta encarar los acuerdos con la oposición. Son charlas que ya vienen dándose con una comitiva que integran diputados, senadores e intendentes tanto del PRO y la UCR. El Gobierno tiene expectativa que este mismo miércoles sesione tanto el Senado como la Cámara de Diputados. El pedido de un endeudamiento por una suma nominada en dólares de US$1.800 millones, explicaron fuentes del Ejecutivo, es para pagar compromisos de deuda a afrontar en 2024. Una herramienta que el oficialismo intentó conseguir a fines de noviembre, entonces por solo USD 150 millones. Ahora multiplicó por 12 ese pedido.
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