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La medida se institucionalizó, a través de la Resolución 423, y el ministro de Educación, Nicolás Trotta señaló que "este órgano analiza proyectos para la vuelta escalonada a las aulas en aquellas jurisdicciones que no tienen registro de circulación del virus desde hace más de 45 días, como Catamarca, San Juan y Jujuy".
Asimismo, el funcionario y presidente del consejo, expresó que su función es "la evaluación de protocolos de alcance federal que establezcan las condiciones para la vuelta a las aulas: la fase de aislamiento en la que se encuentre cada jurisdicción; la evidencia y los datos estadísticos; la experiencia de los países que están regresando a las aulas; y el distanciamiento social y las normas de higiene de cada establecimiento para asegurar la protección de la salud de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y familias".
El Consejo asistirá en la adopción de políticas y diseño de trabajo de prevención y control del COVID-19 en el ámbito educativo, en función de la situación epidemiológica y de las recomendaciones brindadas por la autoridad sanitaria. Será también el encargado de brindar la información necesaria y los procedimientos a seguir si se detecta en la escuela algún caso sospechoso de haber contraído el virus y funcionará mientras se mantenga la emergencia sanitaria.
Cuenta con dos comisiones permanentes: la Comisión de trabajo para las instituciones de educación obligatoria y terciaria; y la Comisión de trabajo para las instituciones de Educación Superior. Las mismas contarán con la participación de representantes de los ministerios de Educación y Salud, de UNICEF, del Consejo Federal de Educación, del Consejo de Universidades, sindicatos docentes, gremios universitarios, centros de estudiantes y especialistas. (NA)
