Luego vinieron administraciones que prometían una mejor situación para el sector, pero se derramaron poco y nada de beneficios, tal vez más perjuicios que fomentaron la pérdida de los de 80.000 productores según el último censo.

Favorecidos por la falta de sensibilidad social del anterior gobierno, regresaron quienes en su momento pusieron al campo enfrentado con una sociedad urbana que desconoce a la actividad productiva pequeña y mediana y la relaciona con los grandes agronegocios que para nada favorecen al desarrollo genuino y social.

Estos últimos días del año serán cruciales para lograr un entendimiento entre el sector gubernamental y el productivo para consensuar una recaudación que sea equitativa para solucionar el problema social del hambre y conservar a los que producen, muchos de ellos  ya casi en situaciones similares a los primeros, ahogados por impuestos y la carestía de los insumos para producir.

Un malestar que se profundiza, cuando el sector analiza que sus altas cargas tributarias, en su mayoría van a contribuir el alto costo de la administración pública, con altos sueldos sin riesgos climáticos y beneficios sociales que no tienen para nada chacareros y trabajadores rurales.

El campo, es el sector de menor capacidad para la negociación política, lejos está de otros sectores, como la industria, la minería, el petroleo y otras producciones, es quizás el más vulnerable  para que le exijan aportes, y mas desprotegido ante las inclemencias que le toca soportar; tal como el que se vive en este momento en una vasta región productiva, con la falta de lluvias y altas temperaturas justo en el momento que los cultivos deben implantarse y desarrollar su máxima  productividad de la que todos esperan.